El presidente del Congreso, Alejandro Soto, optimizó hábilmente una ley que él mismo contribuyó a aprobar en el Parlamento para evitar una sentencia de prisión que podría haber alcanzado una duración de 8 años y 8 meses por el delito de estafa genérica.
DOCUMENTOS CONFIRMAN QUE SE ACOGIÓ A LEY
Soto, a través de múltiples comunicados y entrevistas, ha insistido el caso en su contra fue archivado durante el año 2019. Sin embargo, documentos y resoluciones judiciales contradicen sus declaraciones.
En noviembre de 2019, el juez Reynaldo Ochoa Muñoz, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, falló en favor de Soto y otros co-imputados. Parecía que el caso estaba a punto de fenecer e ingresar al archivo legal.
Pero en contra de estas expectativas, tanto el Ministerio Público como el equipo legal defensor de la Empresa de Transportes Waynapicchu S. A., que había denunciado penalmente al ahora presidente del Congreso, decidieron apelar la resolución.
El caso eventualmente llegó a la Primera Sala de Apelaciones de Cusco. Este panel de jueces, compuesto por Sarmiento Nuñez, Paredes Matheus y Castelo Andía, dictaminó que la decisión inicial que había declarado prescrita la acción penal debido a la imprecisa imputación de la Fiscalía, contenía un "vicio procesal que inevitablemente genera nulidad".
Como consecuencia de esto, la Sala Superior revocó la decisión de primera instancia el 8 de enero de 2020 y ordenó otro juez de investigación preparatoria para supervisar la acusación fiscal. De esta manera, el caso de Soto se mantuvo vivo, destinado a seguir su curso hasta la fase de juicio.
Según la resolución del juez Carlos Román Gil, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco, se dictamina que el proceso penal terminó con un sobreseimiento. En el acta se establece que la defensa de Soto Reyes invocó la Ley 31751. Esta norma, que el mismo Soto apoyó, modifica el plazo de la suspensión de la prescripción a un año.
