El juez Miguel Ángel Díaz Cañote, miembro de la Sala Laboral Permanente de Lima Este, advirtió que el trabajador que presente un certificado médico falso en su centro de labores, podría ser denunciado penalmente y sancionado con el despido.
Al respecto, el magistrado explicó que esta máxima sanción, el despido, es a consecuencia, directa del uso de información no veraz presentada por el trabajador en su centro de labores, con el objetivo de obtener una ventaja para sí.
A lo cual se suma, dijo, por la afectación al patrimonio del empleador, quien podría sufrir pérdidas debido a los días de inasistencia por parte del trabajador, inasistencia que pretende justificar utilizando la información falsa proporcionada mediante el certificado médico.
“La línea jurisprudencial ha sido clara: aquellos que utilicen certificados médicos falsos están sujetos a sanciones máximas, especialmente en el ámbito laboral, donde el despido se presenta como la consecuencia más probable”, enfatizó.
El magistrado destacó que estas medidas pueden estar establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo al que pertenece el colaborador, así como, ser una consecuencia de la afectación de la buena fe laboral, conforme al Decreto Supremo – 003-097-TR, que señala como falta especifica el utilizar o proporcionar información falsa al empleador, con el ánimo de causarle perjuicio o con el propósito de justificar sus inasistencias.
VÍA PENAL
De otro lado, el magistrado Díaz Cañote agregó que el empleador tiene también la opción de recurrir a la vía penal a través de una denuncia, la cual no sería solo presentada contra el trabajador involucrado, sino también contra el médico que ha emitido el certificado falso.
En ese sentido, el magistrado señaló que el personal médico, ya sea de centros asistenciales públicos o privados, que emita certificados médicos con información falsa enfrentará una pena de hasta 3 años.
El juez Díaz Cañote subraya que estas medidas aplican tanto a aquellos trabajadores que utilizan servicios públicos de salud o seguro social, como a funcionarios públicos, enfatizando la necesidad de respetar la legalidad en el ámbito laboral.
Esta advertencia busca preservar la integridad del sistema laboral, asegurando que la relación entre empleadores y trabajadores se base en la transparencia y el respeto a la normativa vigente.
