Luego que el Poder Judicial declarara fundado el allanamiento y registro domiciliario de dos locales vinculados al partido de Fuerza Popular, parlamentarios de la bancada mayoritaria expresaron su indignación por la operación realizada por la Fiscalía.
El vocero de la bancada de FP, Daniel Salaverry, mostró su rechazo y aseguró que la diligencia responde a un “uso político” de las investigaciones del Ministerio Público.
“Es un atropello. Nosotros hemos cumplido con toda la documentación. Si creen que con esta medida nos van a callar, si creen que con esta medida retiraremos la denuncia contra el fiscal de la Nación están muy equivocados”, señaló.
De igual forma, la congresista Luz Salgado dijo que el allanamiento es un atentado contra el partido político y contra la democracia. Asimismo consideró que responde a una represalia de la Fiscalía por la denuncia constitucional contra el fiscal Pablo Sánchez.
Por su parte Lourdes Alcorta consideró que la operación judicial es una violación a los derechos humanos, y que además es una "vendetta política" del Ministerio Público y el Poder Judicial, ya que no se intervino en su momento a las empresas socias de Odebrecht.
