El discurso de la presidenta Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas generó reacciones en el Parlamento. Durante su intervención, la mandataria planteó que las organizaciones criminales sean catalogadas como organizaciones terroristas, anunció medidas para restablecer el orden en las instituciones educativas y solicitó apoyo de Estados Unidos para enfrentar la criminalidad en el país. También cuestionó los procesos judiciales que afrontan integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó estas declaraciones y sostuvo que deben respetarse la separación de poderes y la independencia de los jueces. Por su parte, el senador Flavio Figalo, de Buen Gobierno, expresó reparos a la posibilidad de calificar a las organizaciones criminales como terroristas y advirtió que una medida de ese tipo podría generar consecuencias de violencia y afectar a personas que no estén involucradas en actividades delictivas.
FACULTADES LEGISLATIVAS
Otro de los temas abordados fue la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados realizó una audiencia ciudadana para recoger opiniones sobre el pedido, pero la jornada terminó en medio de gritos y enfrentamientos verbales, situación que fue cuestionada por representantes de distintas bancadas. La presidenta de la comisión, Yanina Vendaño, señaló que todavía se encontraban recopilando los informes de otros grupos de trabajo antes de elaborar el documento correspondiente.
El plazo de 15 días hábiles establecido para que la Comisión de Constitución emita su dictamen culminó, según lo señalado en el material, sin que se haya adoptado una decisión. Desde Fuerza Popular cuestionaron el incumplimiento del plazo y plantearon evaluar acciones ante la Comisión de Ética, mientras que desde sectores de oposición se sostuvo que el análisis de la solicitud requiere revisar la documentación presentada. Entre las alternativas mencionadas también figura que la Junta de Portavoces pueda exonerar el dictamen y permitir que el pedido sea debatido directamente en el pleno de la Cámara de Diputados.
