El caso del diputado Julián Pérez Mallqui abrió una nueva polémica en Juntos por el Perú (JP), luego de conocerse la denuncia de su expareja por presunta agresión psicológica y física. Sin embargo, el caso no sería el único dentro de la bancada y la coalición de izquierda.
El programa “Esta Noche” expuso que otros legisladores vinculados a Juntos por el Perú también registrarían denuncias, investigaciones o sentencias relacionadas con violencia familiar, agresiones contra la mujer o lesiones dentro del entorno familiar.
Uno de los nombres mencionados fue el del diputado Marlon Rojas Aguirre, quien acudió a la comisaría tras la detención de Pérez Malqui y defendió el debido proceso. No obstante, se recordó que Rojas registra investigaciones fiscales archivadas por presuntas agresiones contra el grupo familiar y lesiones corporales. Además, se mencionó una denuncia policial presentada por una mujer de 68 años por presunta violencia psicológica.
También fue señalado el diputado electo por Puno Remigio Condori Flores, secretario nacional de movilización social de Juntos por el Perú. Según lo expuesto, Condori registraría cinco sentencias fundadas por violencia familiar en agravio de su exconviviente, motivo por el cual el Poder Judicial habría ordenado que se someta a terapia psicológica.
Otro caso mencionado fue el de la diputada Luz Soto Ferrari, investigada por presuntas lesiones contra la mujer tras una denuncia de agresión física y psicológica contra su hermana. A la lista se suma César Tito Rojas, quien habría sido sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones por omitir en su hoja de vida una sentencia por violencia psicológica en agravio de su hermana.
PRESIÓN SOBRE LA BANCADA Y PEDIDO DE SANCIONES
El caso también alcanzó al diputado Gabriel González Delgado, quien, según lo expuesto, tendría una sentencia por violencia familiar y una pena suspendida de 10 meses y 8 días. Estas revelaciones han intensificado los cuestionamientos contra Juntos por el Perú y su selección de candidatos al Congreso.
La polémica se extendió incluso a aliados de la coalición, como el diputado Máximo Peralta Jorpa, del partido Obras, quien afrontaría una investigación fiscal por agresión contra la mujer. Según la denuncia policial mencionada, habría agredido físicamente a su pareja en Huancayo, caso que fue calificado como grave. Hoy enfrenta una investigación por lesiones graves bajo la tentativa de feminicidio.
La presidenta Keiko Fujimori y el presidente del Congreso, Miguel Torres, también se pronunciaron sobre el caso Pérez Malqui y rechazaron cualquier forma de violencia contra la mujer. Torres pidió que se actúe con todo el rigor de la ley y recordó que este tipo de hechos no corresponde a un delito de función, sino a un presunto delito común.
Los cuestionamientos colocan presión sobre Juntos por el Perú y el Congreso para adoptar medidas claras frente a legisladores con denuncias o antecedentes vinculados a violencia. El debate ya no se centra solo en Pérez Mallqui, sino en la presencia de varios diputados con historiales que generan preocupación y que ahora integran el parlamento.
