El congresista César Revilla advirtió que las recientes lluvias en Piura volvieron a evidenciar la vulnerabilidad de la región frente al anunciado fenómeno El Niño. En entrevista con el programa Esta Noche, señaló que, pese a que las zonas afectadas fueron drenadas durante la jornada, la ciudad continúa expuesta a inundaciones. Según explicó, la solución requiere un sistema integral de drenaje pluvial valorizado en aproximadamente S/ 3.000 millones, presupuesto que, afirmó, no ha sido asignado por los gobiernos anteriores.
Revilla sostuvo que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) culminó el perfil del proyecto, luego de que el plan maestro elaborado por Reconstrucción con Cambios no cumpliera con los requisitos técnicos necesarios. Asimismo, indicó que las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo contemplaban medidas para agilizar la titulación de terrenos y facilitar la reubicación de poblaciones asentadas en zonas de riesgo. Sin embargo, lamentó que estas propuestas fueran retiradas durante la evaluación parlamentaria.
El legislador también expresó su preocupación por el incremento de casos de dengue en Piura, debido a las condiciones cálidas y las lluvias que favorecen la acumulación de agua. Aseguró que la región lidera la vacunación contra esta enfermedad, aunque reconoció que las dosis aplicadas todavía resultan insuficientes frente a una población superior a los dos millones de habitantes. En ese contexto, anunció que viajaría a Piura junto al ministro de Salud para abordar las acciones de prevención y reforzar las medidas sanitarias.
SOBRE SUSANA VILLARÁN
Finalmente, Revilla cuestionó las demoras del sistema de justicia peruano, al referirse al caso de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, cuya investigación por presuntos aportes ilegales ha generado críticas por su prolongación. El congresista señaló que la reforma judicial debe garantizar procesos más rápidos, respetando el debido proceso y evitando la impunidad. También lamentó que se retirara del pedido de facultades una medida destinada a mejorar el funcionamiento del sistema de flagrancia, cuya eficacia, sostuvo, depende de una adecuada coordinación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.
