El general Carlos Tuse, especialista en seguridad ciudadana, sostuvo que el avance de la delincuencia en el país exige fortalecer las herramientas legales y operativas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Durante una entrevista, señaló que las normas vigentes limitan la capacidad de respuesta de los agentes y generan temor a las consecuencias legales cuando deben utilizar sus armas. En ese sentido, consideró necesario aprobar disposiciones que permitan a los efectivos actuar dentro de un marco legal claro y restablecer el principio de autoridad.
Respecto a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Tuse afirmó que se necesita fortalecer el sistema de inteligencia nacional y recuperar su capacidad operativa en el campo. Explicó que la captura de sicarios no resuelve el problema si las organizaciones criminales continúan dirigiendo extorsiones y asesinatos desde las cárceles o mediante operadores externos. Por ello, planteó que los servicios de inteligencia trabajen de manera técnica y profesional, con capacidad para infiltrarse en bandas criminales, obtener información y anticiparse a las amenazas, sin responder a intereses políticos particulares.
El especialista también cuestionó la estructura administrativa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la influencia de funcionarios externos en sus decisiones. A su juicio, la institución necesita convertirse en una entidad orgánica, con directivos y personal propios, además de contar con mayor autonomía administrativa y presupuestaria. Asimismo, consideró que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia deben coordinar acciones para enfrentar los problemas del sistema penitenciario, desde donde, según indicó, se siguen manejando actividades de extorsión y sicariato.
REGULACIÓN EN USO DE ARMAS
Sobre la regulación de armas de uso civil, Tuse señaló que imponer mayores restricciones a quienes cuentan con licencias no necesariamente permitirá combatir el armamento ilegal. Sin embargo, reconoció que se necesitan mejores filtros y controles para evitar que grandes cantidades de armas adquiridas legalmente terminen en el mercado ilícito. Finalmente, sostuvo que el seguimiento de personas que han cumplido condenas debe abordarse mediante labores de inteligencia y advirtió que la violencia contra el transporte público continúa evidenciando la urgencia de una respuesta efectiva del Estado.
