El especialista en derecho y coronel de la Policía Nacional en situación de retiro, José Antonio Palacios, cuestionó severamente en Buenos Días Perú, los procedimientos aplicados por los efectivos de la comisaría de Manchay en torno al caso de un menor de edad que perdió la vida dentro de la dependencia policial.
Palacios sostuvo que, de acuerdo con el marco legal, la permanencia máxima de un menor infractor en una comisaría bajo estas condiciones debería ser de 24 horas. Sin embargo, se dio a conocer que en este caso el adolescente permaneció retenido durante un aproximado de 30 horas.
El abogado enfatizó que la institución debió proceder con la redacción de un acta de entrega inmediata del menor a sus padres al constatar las demoras del Ministerio Público, cuya presencia o disposición mediante canales virtuales debió gestionarse en un lapso no mayor a las cuatro o cinco horas tras la intervención.
Cuestiona procedimientos en comisaría
Asimismo, se criticó que el intervenido fuera ingresado a un área inadecuada de detención, argumentando que bajo ninguna circunstancia se puede ingresar a un menor a un espacio cerrado comúnmente llamado calabozo o sala de meditación, y menos en compañía de personas adultas.
Versiones contrapuestas
Respecto a las causas del deceso, Palacios hizo referencia a la posición de la comandancia general de la Policía Nacional, la cual catalogó inicialmente el hecho como un presunto suicidio por ahorcamiento utilizando el pasador de una prenda. No obstante, recalcó que la determinación final de los hechos dependerá de las pericias médicas encargadas de corroborar si el cuerpo presenta lesiones adicionales previas o si fue movido indebidamente de la escena del suceso.
Precaria formación y falta de infraestructura en comisarías
Finalmente, el especialista vinculó este suceso con la precaria formación axiológica y técnica de los efectivos recién egresados que asumen funciones de vigilancia urbana. También denunció la falta de infraestructura especializada en las comisarías de todo el país, las cuales carecen de ambientes acondicionados y de logística básica adecuada para salvaguardar la integridad de los menores calificados como infractores a la ley.
