El debate sobre la disciplina y las sanciones en los colegios volvió al centro de la atención tras diversos casos de violencia escolar registrados durante este año. En el Liceo Naval de San Borja, el cuaderno de incidencias recoge reportes de violencia sexual, agresiones físicas y verbales, situaciones de riesgo y un caso de agresión sexual al interior de un bus escolar. A ello se suma un reciente enfrentamiento entre escolares de un colegio público del mismo distrito, ocurrido en presencia de adultos, pero sin una intervención visible de personal de la institución educativa.
Uno de los principales puntos de discusión es la posibilidad de recuperar la expulsión como medida para casos graves o reiterados. El ministro de Educación, José Antonio Chan, sostuvo que las normas actuales no permiten expulsar a estudiantes y señaló que esta situación será modificada. En el Congreso de la República, además, existe un proyecto que plantea modificar la legislación sobre convivencia escolar y establecer la expulsión de alumnos responsables de hechos violentos luego de tres oportunidades, propuesta que se convirtió en dictamen en el anterior Parlamento.
Sin embargo, especialistas y autoridades advierten que una expulsión por sí sola no resolvería el problema. La viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, señaló que se trabaja en una solución integral y remarcó la importancia de detectar desde el inicio las señales de violencia o cambios de conducta. La discusión también incluye cómo garantizar el derecho a la educación del agresor, proteger a la víctima y establecer medidas de acompañamiento psicológico y familiar. En algunos de los casos registrados, las acciones aplicadas fueron días de reflexión domiciliaria y sesiones de psicología.
PAPEL CLAVE DE PROFESORES Y DIRECTORES
El debate apunta así a recuperar la autoridad dentro de las escuelas sin descuidar la prevención y protección de los estudiantes. Directores, docentes y padres de familia tienen un papel clave para intervenir oportunamente ante situaciones de acoso o violencia, mientras que cuando los hechos constituyen delitos corresponde la intervención de las autoridades competentes. El reto planteado por el Minedu es establecer mecanismos que permitan corregir conductas graves, acompañar a los menores involucrados y evitar que las víctimas tengan que abandonar sus aulas para sentirse seguras.
