Panorama

15/11/2026

El peso del testigo protegido: Fiscalía Anticorrupción investiga infiltración empresarial en la SBS

Un testigo protegido denunció una presunta concertación entre compañías de transporte de caudales y funcionarios para impedir cambios en el mercado.




La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación número 64-2026, en febrero pasado, tras recibir la declaración de un testigo protegido que denunció una presunta infiltración empresarial en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El denunciante, quien fue alto gerente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Perú (ASEPRI), aseguró que representantes de las compañías Hermes y Prosegur habrían buscado influir en las decisiones de las instituciones encargadas de supervisar el transporte de caudales.

Según su testimonio, las empresas habrían coordinado acciones para impedir la aplicación de una ley que permitía al Banco de la Nación contratar a otras compañías para el traslado de dinero, con el objetivo de mantener el control del mercado. El exfuncionario afirmó que participó durante varios meses en reuniones empresariales que fueron grabadas y sostuvo que determinados funcionarios de la SBS actuaban como una extensión de los intereses de estas compañías.

El testigo protegido también señaló que, presuntamente, estas influencias habrían conseguido que la SBS emitiera una opinión contraria a los cambios legislativos. Frente a estas acusaciones, la institución difundió un comunicado en el que rechazó los informes periodísticos que buscan vincular a sus funcionarios con presuntos actos de corrupción. Sin embargo, las declaraciones forman parte de los hechos que actualmente son materia de investigación fiscal.

DILIGENCIAS EN CURSO

El caso podría involucrar a otros funcionarios de las entidades vinculadas a la supervisión del sector, por lo que se espera que las diligencias permitan esclarecer las presuntas coordinaciones y determinar responsabilidades. Asimismo, el reportaje de Panorama señaló que existen audios de las reuniones sostenidas por los involucrados, cuyo contenido podría aportar nuevos elementos a la investigación. La Fiscalía deberá establecer si existió una concertación para favorecer a las empresas y evitar la apertura del mercado de transporte de caudales.


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