La Fiscalía amplió por ocho meses la investigación preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros indagados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.
El tema está vinculado a la contratación del servicio de transporte para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos electorales e implementos para las Elecciones 2026, que en algunos casos no llegaron a su destino.
El Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sostiene que se habrían advertido anomalías que revelarían un presunto direccionamiento a favor de la empresa Galaga, informa RPP.
RRESPONSABILIADES
Asimismo, hace referencia al informe de la Contraloría que advertiría presuntas responsabilidades administrativas y penales respecto a la contratación del servicio de transporte y distribución de material y equipos informáticos electorales.
Finalmente, en el documento la Fiscalía pide el levantamiento del secreto de comunicaciones y del secreto bancario de los investigados Piero Corvetto, José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores Bancho.
