El Consejo de Ministros aprobó el texto final del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará al Congreso de la República. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó que la propuesta contempla 66 puntos considerados prioritarios para la gestión gubernamental y que el documento será enviado a la Cámara de Diputados este viernes 28 de agosto.
Desde el patio de Palacio de Gobierno, Galarreta explicó que el documento será remitido una vez concluido el proceso de firma del acta de la sesión ministerial. El premier estuvo acompañado por los ministros del Interior, César Astudillo; Desarrollo Agrario, Marco Vinelli; y Salud, Luis Dyer, y señaló que el pedido será sometido al debate de los diputados.
Tras la aprobación del documento, el Ejecutivo prevé iniciar una ronda de diálogo con las diferentes bancadas parlamentarias para explicar los alcances de las iniciativas que se plantearán al amparo de las facultades. Según Galarreta, uno de los principales ejes será el fortalecimiento de la seguridad interna, mediante sanciones más severas y medidas destinadas a mejorar el sistema penitenciario y restringir beneficios para personas condenadas por delitos.
En materia de seguridad, el ministro del Interior, César Astudillo, adelantó que la propuesta contempla otorgar un papel más activo a las Fuerzas Armadas en la vigilancia de los establecimientos penitenciarios y el resguardo de las fronteras nacionales. El Gobierno considera que estas medidas permitirían reforzar las acciones frente a la criminalidad y mejorar el control en zonas consideradas estratégicas.
OTROS TEMAS COMO MODERNIZACIÓN
Otro de los ejes está relacionado con la modernización de la administración pública y la gestión de riesgos. Galarreta precisó que el reordenamiento estatal no se limitará a fusionar ministerios, sino que buscará mejorar la organización institucional y la eficiencia del gasto. Además, el Ejecutivo plantea modificar el sistema de atención de emergencias para que el INDECI pueda intervenir directamente durante los primeros 15 o 20 días posteriores a un desastre, antes de que los gobiernos regionales o locales continúen con las labores de respuesta.
