El Gobierno prorrogó por 60 días calendario, a partir del 22 de noviembre, el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, ubicadas en el departamento de La Libertad, con el objetivo de dar continuidad a las acciones frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 154-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, extendiendo así la declaratoria que aún se encontraba vigente bajo el Decreto Supremo Nº 134-2026-PCM.
Durante esta prórroga, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, determinando las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos. Asimismo, la actuación de ambas instituciones se ejecuta conforme a los decretos legislativos y reglamentos vigentes que regulan el empleo y uso de la fuerza en el territorio nacional.
Restricción de derechos y regulación de eventos
La normativa dispone la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.
Respecto a la realización de eventos, el decreto establece que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público requieren solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación, mientras que aquellas actividades que no tengan carácter masivo podrán efectuarse sin autorización previa.

