Nuestro país está atravesando una crisis en el sector salud, entre otras cosas, debido al desabastecimiento de recursos estratégicos para la salud pública. A inicios de este año, estuvimos cerca de una crisis por falta de vacunas contra la influenza. Primero por el avance de la cepa H3N2 y segundo por un sistema de compra tan lento que obligó al Estado a pedirle a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) —el intermediario— que adelante la entrega a febrero de 2026.
“El Perú compra sus vacunas desde 2012 a través del Fondo Rotatorio de la OPS, que licita por nosotros. Por ende, los grandes laboratorios no veían aquí un mercado suficiente, y la industria local no garantizaba una oferta permanente. Ese mundo ya no existe, pues hoy operan en el país laboratorios internacionales con capacidad permanente instalada” señaló Fernando Cáceres, director de Síntesis Instituto.
Para el especialista, el problema radica en que el Estado sigue pagándole a la OPS por tercerizar una tarea que se puede hacer directamente con el proveedor. La Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en su artículo 54, permite comprar directamente, a través de licitaciones, en competencia, sin necesidad de depender de la OPS.
En el caso particular para la compra de vacunas contra la influenza, el país paga, en promedio, un precio entre un 40% y 70% mayor por las vacunas respecto a lo que ofrece el mercado en competencia (un precio alrededor de US$2.40 por monodosis, con tendencia a la baja), o lo pagado por países vecinos con compra directa: Chile con US$1.52 y Argentina con US$2.52.
Según Cáceres, si se optarara por un mecanismo de compra directa se proyecta que se generen ahorros de hasta US$20 millones cada año respecto a lo que el país paga por depender de la OPS. Un monto que contribuiría a mitigar los avatares que causaría el Fenómenos del Niño. “El Gobierno buscaría recortar S/ 2.500 millones para enfrentar esta emergencia”, añadió.
Asimismo, el diseño del mecanismo actual tiene, entre otras, las siguientes fallas: Primero, el dinero se congela antes de gastarse pues el Ministerio de Salud (Minsa) transfiere fondos por adelantado a la OPS, según estimaciones de precios sobredimensionadas que son elaboradas por este organismo internacional. El resultado es dinero que no se puede usar para cerrar brechas en el sector (más de US$ 31 millones entre 2023-2025).
Segundo, se paga por trámites que se podrían evitar. Solo en sobrecostos logísticos el país pierde sumas considerables (más de US$10 millones en los últimos años). Además, de la comisión de 4.25% que se debe pagar a la OPS por la gestión (incrementada unilateralmente del 3.5% inicial).
Tercero, el Estado transfiere el dinero a la OPS en mayo, pero recibe las vacunas recién entre marzo y junio del año siguiente —a veces hasta 24 entregas parciales, como en 2025—, dejando un margen de seis a nueve meses de vida útil para ejecutar la campaña antes del vencimiento del stock. Y estas tres deficiencias se repiten en otros procesos de compra, tales como jeringas y otros insumos.
"La alternativa es dejar competir a quien ofrezca mejores condiciones al Estado, sin necesidad de tener que recurrir siempre al Fondo Rotatorio de la OPS. No tiene sentido que, teniendo la capacidad administrativa y el marco legal, se abdique en considerar solo este mecanismo de abastecimiento", concluyó Cáceres.
